

El agua es el recurso más valioso para cualquier productor de camarones o peces, siendo la base de toda la operación. Sin embargo, su uso para fines comerciales, como en la acuicultura, está regulado por ley y requiere una autorización específica de la administración pública competente. Este instrumento, conocido como concesión de agua (o permiso de uso de agua en algunos contextos), es un acto administrativo que asegura al productor el derecho de captar y utilizar el agua de un río, lago, embalse o de fuentes subterráneas por un plazo determinado, estableciendo las condiciones y los volúmenes permitidos. La obtención de esta licencia no es solo una formalidad burocrática; es, sobre todo, una garantía de seguridad jurídica para la explotación y un pilar para la gestión sostenible de los recursos hídricos.
Muchos productores podrían ver el proceso de concesión como un obstáculo, pero, en realidad, funciona como un mecanismo de protección. En primer lugar, al regularizar el uso del agua, el acuicultor evita sanciones severas, como multas elevadas e incluso la paralización de su actividad, que pueden comprometer toda la inversión realizada. Además, la concesión de agua es un requisito indispensable para la obtención de otras licencias ambientales y, consecuentemente, para el acceso a líneas de crédito rural y financiación bancaria, que frecuentemente exigen la comprobación de la regularidad ambiental del proyecto.
Adicionalmente, el proceso de solicitud de la concesión impulsa una planificación detallada del uso del agua en la explotación. Esto conduce a una gestión más eficiente, ya que el productor necesita calcular con precisión su demanda hídrica, el caudal de captación y la capacidad de soporte del cuerpo de agua. Como resultado, se fomentan prácticas de manejo más conscientes, promoviendo el uso racional del agua y la sostenibilidad de la producción a largo plazo. La concesión, por lo tanto, organiza el uso múltiple de las aguas, previniendo conflictos entre diferentes usuarios de la misma cuenca hidrográfica y asegurando que la acuicultura se desarrolle en armonía con el medio ambiente y otras actividades económicas.
El proceso para solicitar una concesión de agua varía según el país y la jurisdicción, ya que cada nación posee su propia legislación y organismos reguladores de los recursos hídricos. Si bien los detalles pueden variar según el tipo de fuente de agua y la magnitud del proyecto, los pasos generales suelen seguir un patrón común.
El primer paso implica la presentación de una solicitud y una serie de documentos, que generalmente incluyen:
Tras la presentación, el organismo competente analiza la documentación y la viabilidad técnica de la petición, verificando la disponibilidad hídrica en la cuenca y el impacto del uso solicitado. Si es aprobada, se emite la resolución de concesión, oficializando el derecho de uso del agua por parte del productor.
Es importante destacar que, en Brasil, las normativas y los organismos responsables son específicos, con la Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) a cargo de las aguas federales y los organismos estatales para las aguas de dominio estatal. Este ejemplo subraya la importancia de consultar la legislación hídrica y ambiental específica del país donde se desarrolla la actividad.
Mantener el control de todos los datos necesarios para el proceso de concesión y para el monitoreo continuo exigido por la licencia puede ser un desafío. Es en este punto que la tecnología se convierte en una herramienta indispensable. La utilización de un software de gestión, como Despesca, centraliza toda la información de la producción, facilitando la vida del acuicultor.
Con un sistema de gestión, es posible registrar y organizar datos cruciales como el volumen de agua utilizado, las tasas de renovación, los parámetros de calidad del agua y los datos de producción de cada ciclo. Tener estos registros detallados y accesibles no solo simplifica la elaboración del proyecto técnico para la solicitud de la concesión, sino que también ayuda en el cumplimiento de las condiciones establecidas en la licencia. De esta manera, el productor garantiza la conformidad legal de su explotación, optimiza el uso de los recursos hídricos y fortalece la base para una producción cada vez más profesional y sostenible.